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Cerca de que el país cumpliera 200 años de Independencia y 100 de su Revolución, el gobierno de Felipe Calderón lo hacía ya con una carga demasiado pesada.

Hoy lo es más. El Presidente dijo entonces que la lucha contra la delincuencia duraría lo que le falta a su gobierno. Es ahí donde los cambios o nuevas estrategias deben registrarse, puesto que esta administración quedó contra la pared. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿cuál es la salida? Esta guerra no puede durar para siempre. La discusión es grande, al grado de alcanzar al Senado, sobre todo en la bancada del Partido Revolucionario Institucional, como si al Ejército no se le debiera tanto. Y a pesar de todo, el Ejército cumple su grave responsabilidad en la forma que le parece correcta. La elocuencia del discurso ya no es necesaria, pues demuestra que el Presidente no tiene nada más que decidir en este tema.

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Una visión realista y objetiva sobre la defensa de la patria fue expuesta en el Senado en días pasados por el general de división Moisés García Ochoa, quien con motivo del próximo aniversario de la Batalla de Puebla señaló que las fuerzas armadas, integradas por mexicanos sin distingo de clase social, raza o sexo, mantienen una relación positiva con la población mexicana, al compartir los valores que constituyen la moral y defensa nacional; es decir, de la cultura mexicana de la cual todos estamos orgullosos.

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A punto de terminar su gobierno, el presidente Felipe Calderón recibió los protocolos para el uso de la fuerza, preservación de evidencias y presentación de detenidos ante las autoridades.

Dichos protocolos, que establecen los casos y condiciones en que la fuerza debe ser utilizada con “legalidad, oportunidad, racionalidad y proporcionalidad”, se derivan del convenio firmado por las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública.

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En los tiempos electorales, como los que corren, las intrigas y las mentiras surgen en todos los campos, y el militar no está exento de ellas.

En la Marina-Armada de México parecen haber surgido grupos de la delincuencia organizada que han visto mermadas sus ganancias por la participación de miembros de la propia Semar.

Hace unos días, un periódico de circulación nacional publicó en primera plana información contra uno de los más cercanos (si no es que el que más) colaboradores del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, que no coinciden con la trayectoria del implicado, el almirante Francisco Gerardo Martínez Pastelín.